martes, 6 de marzo de 2018

Reflexiones mínimas sobre el plan de la Corte para «transformar» los Poderes Judiciales

Por Juan Martín Nogueira (*)
Invitado especial en Palabras del Derecho

                                                                                                       
Marzo de 2018. La Corte Suprema de Justicia  de la Nación se prepara para explicar unas propuestas catalogadas como «Lineamientos para una Política de Estado para la Transformación de los Poderes Judiciales». Un evento que convoca a los operadores judiciales de todos los niveles –federales, nacionales, provinciales y de la ciudad de Buenos Aires-, para que durante los días 6 y 7 de marzo se organicen en comisiones a los fines de debatir distintas propuestas ordenadas temáticamente que conformarán una «opinión del Poder judicial», que luego será llevada para el consenso con los demás actores del sistema de justicia, según se indica.

Además de la invitación a los jueces, el documento también  da participación a representantes de los funcionarios, empleados judiciales, de la abogacía y de las Facultades de derecho del país. 

Es una convocatoria amplia de todo el espectro vinculado al mundo judicial, dejándose afuera –en una idea equivocada a mi entender- a los Ministerios Públicos, «por tratarse de poderes distintos» según se señala. 

El mismo documento organiza temáticamente un trabajo para repartirse en nueve comisiones que abarcan aspectos variados vinculados a la materia penal, civil, laboral, electoral acceso a la justicia, organización Institucional del poder Judicial, Organización del trabajo de magistrados, funcionarios y empleados judiciales; las nuevas tecnología y la Educación Legal. 

Ejes temáticos muy auspiciosos que receptan materias ya elaboradas y consensuadas en tantos otros encuentros (como la oralidad, la concentración, las formas alternativas de solución de conflictos y los procesos colectivos)[1], como cuestiones más actuales o vinculadas con agendas políticas de los últimos tiempos (como la inserción del proceso penal al modelo acusatorio en ciernes, la armonización entre la seguridad ciudadana y las garantías penales,  la crisis penitenciaria, selección de magistrados y ley de subrogancias, la cuestión del horario judicial y la feria, la evaluación de la tarea de jueces y funcionarios). 

Los lineamientos también abarcan  programas universitarios y aspectos concretos de la práctica de la abogacía, como los "sistemas de habilitación profesional".

La Corte deja bien en claro que el camino transformador ya está iniciado desde el 2007, a partir de la implementación de las denominadas «Políticas de Estado para el Poder Judicial» como fueron la Gestión y la Informatización del sistema -su digitalización-, a los que se tilda de «revoluciones culturales» que consuman los ideales de antaño por la eficiencia, la concentración procesal y la agilidad[2].

En una primera mirada, sorprende lo amplio de la convocatoria. También los ejes temáticos son muy generosos, cubriendo buena parte de las discusiones actuales sobre la Justicia y su rol en la sociedad, lo cual entusiasma y genera un sano movimiento. 

Pero ese optimismo puede transformarse en desilusión ni bien se descubre la trama que circunda la cuestión, su proyección y reales intenciones, para caer en la cuenta de que puede no haber nada nuevo bajo el sol «nihil novi sub sole» en esta nueva impronta transformadora[3].
  
En este sentido, no se puede analizar esta propuesta sin tener en cuenta la coyuntura política del último tiempo y la puesta en la opinión pública de distintos temas que han provocado tensión con el Poder Judicial, con lo cual, los lineamientos de transformación auspiciados, pueden pasar a ser meras excusas o salidas transitorias en medio de una lucha de poder que se presenta muy ostensible [4]

El pago de ganancias de los magistrados, la puesta en discusión del horario judicial y la feria, la opinión presidencial crítica sobre resoluciones judiciales –caso Chocobar- junto a un ambicioso proyecto de Justicia en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional[5], indudablemente han actuado como disparadores de esta movilización de la Justicia en cabeza de la Corte. 

Y la discusión, y el problema, puede una vez más salirse del rumbo que creo  amerita el mismo, asentado en un paisaje donde se destaca la ausencia de confianza de la población –en su gran mayoría- en la labor de los jueces, visualizándose al Poder Judicial como un ente conservador y privilegiado. Falta de credibilidad que revelan encuestas de todos los ámbitos[6], que muestran una crisis de la Justicia desde hace muchos años. 

Si bien no hay ni una mención expresa en el documento sobre esta situación de crisis –el documento parte de un contexto que está en plena instancia de transformación-, si pueden encontrarse en los distintos tópicos propuestos, trazos que abren la posibilidad de entender el problema en esta perspectiva. 

Así, entre los objetivos de la transformación profunda que se busca, se alude a que intentará “III…4) orientar valorativamente el funcionamiento del Poder Judicial para lograr mayor acceso, igualdad e inclusión de los ciudadanos y el fortalecimiento del Estado de Derecho en todos sus aspectos…”. 
Esta línea en alguna medida tiene un miramiento más sustancial de la función, abriendo la posibilidad de llenar de contenido a estas premisas en los debates venideros: qué significa orientar valorativamente, cuáles son los valores que pretende el Poder Judicial en el contexto de poder actual; quienes serían ciudadanos en esa perspectiva frente al contexto de pobreza y desigualdad que existe en nuestro país, entre otros planteos que pueden surgir al respecto. 
En este entendimiento no deja de ser auspicioso también, el lineamiento donde se establece la necesidad de que la educación y capacitación de los integrantes del sistema “…se enfoque en  la noción del servicio de justicia a la comunidad que persigue la tutela judicial efectiva, los valores de la justicia y el uso de las nuevas tecnologías”, lo que relaciono con otra de las consideraciones vinculada a la necesidad de «definir el alcance del valor justicia que puede realizar el Poder Judicial como institución» frente a la expectativa social y los deberes y responsabilidades que tienen otros poderes.

Esto último es muy  interesante, incluso para poner en crisis o en estudio muchas de las encuestas de opinión que se hacen sobre la credibilidad y/o nivel de confianza en el Poder Judicial,  en el sentido de poder indagar sobre las expectativas e ideas que tiene la sociedad sobre su misión y la correspondencia de ello con lo que puede hacer realmente un juez. 

En suma, a mi entender, para que esta iniciativa de la Corte  tenga vigor y trascendencia, se deberán abrir a la gran discusión en estos últimos aspectos que me parecen centrales. 

Si no partimos de estas bases profundas todo quedará en una lucha de poder que puede vaciar de contenido el debate, donde se terminará defendiendo intereses de cuerpo. Ya sea para evitar pagar determinado impuesto o ser pasibles de determinado control en función de principios constitucionales vinculados a la independencia judicial, o en una lucha laboral por evitar la extensión del horario o pregonar por un incremento de la remuneración a partir de ejercicio del ius variandi que se pretende.

Largas y complejas disputas, todas razonables, que pueden impedir una mirada más profunda del problema, pudiendo aflorar una vez más ese gatopardimo que proclama los grandes cambios para que nada cambie, calmando los temores de algunos y decepcionando las expectativas de otros que conservan ese optimismo de las batallas transformadoras.   

Todavía no encontramos el tiempo ni la medida del proceso, y no estoy seguro que lo encontremos alguna vez. No es pesimismo sino una realidad marcada por la propia limitación del hombre. 

Como dijo alguna vez el recientemente fallecido Leopoldo Schiffrin, el barco de la justicia muchas veces avanza como aquellas embarcaciones de inmigrantes de antaño que se dirigían hacia América, con alguna idea de lo que se buscaba pero sin saber bien hacia dónde iban y qué les esperaba. 

Avanzamos en un compromiso que busca agilizar, acelerar, flexibilizar las formas del proceso para que la legalidad tenga un sentido de Justicia, en medio de un contexto político donde el Poder Judicial debe definir su lugar y sus alianzas estratégicas, y en ese orden, buscamos que se dé un mayor grado de sensibilidad y de empatía de los operadores judiciales con los valores que subyacen en la causas que deciden. Esa es la lucha constante quizás. Que lo que hacemos tenga algún sentido y un mayor grado de humanidad.

Y en ese trance uno conserva siempre la expectativa, la ilusión, de que ese barco de la justicia, que lleva a justos y pecadores, llegue a un lugar donde poder construir algo lo más cercano posible a la necesidad de quien reclama legítimamente un derecho, algo que sirva para solucionar un conflicto en su real dimensión, y que ello sea visto positivamente en un diálogo distinto con la sociedad y con los grupos más desaventajados. Allí residirá el verdadero alcance de la independencia del juez y el grado de confianza que despierte su función. 

Esa debiera ser un poco la idea central que guie los lineamientos de transformar la Justicia en la situación actual. Los días que vienen nos mostraran el curso que corre esta importante movida transformadora del Poder Judicial. 




(*) Abogado (UNLP)
[1] El mismo instrumento cita los distintos antecedentes que se han venido elaborando señalando que “…En muchos de estos temas hay trabajos realizados que hay que aprovechar y que servirán para el desarrollo de las actividades. En este sentido, hay proyectos dentro del Poder Judicial, hay un plan en el Ministerio de Justicia (Justicia 2020), también hay varios proyectos legislativos en trámite en el Congreso nacional. Debemos aprovechar ese esfuerzo, producir cambios concretos y generar un proceso orientado hacia la transformación…”. 
[2] El documento presentado por la Corte refleja una clara preocupación por dejar en claro su liderazgo en orden a la reforma de la Justicia: “el agente del cambio debe ser el propio Poder Judicial, liderado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación…” se enfatiza, señalándose que ha sido un «error histórico» partir de otras bases, lo que ha conducido al fracaso en los últimos treinta años en los intentos de reforma según señala el Alto Tribunal. Comparto esta apreciación en la medida que ello no signifique un cerramiento donde el poder judicial se mire en su propio espejo sin escuchar a los otros actores que participan del sistema de justicia. Por eso veo como un gran error la exclusión de los ministerios públicos para el debate. El documento fundamenta la no invitación en que se tratan de poderes distintos, cuando lo cierto es que son organismos fundamentales de la actividad judicial, con miradas que pueden enriquecer en gran medida el debate y las perspectivas. 
[3] Siempre se da una tendencia a un optimismo que cae en la trampa de las soluciones rápidas, mágicas y consecuentes, sin tener en cuenta las distintas variables y fenómenos que interactúan en cualquier problemática. Proyectos con estas dimensiones requieren de muchísimo tiempo y diálogo.
[4] Una primera lectura que hago es que el escenario y el sentido de oportunidad que tiene este debate están en una mera dimensión de poder –su mantenimiento y fortaleza- antes que de un sinceramiento de un estado de crisis que promueva trabajar por la legitimidad del Poder Judicial frente a la sociedad. Esto es evidente en el contexto actual que ha puesto en tensión ciertas condiciones del Poder Judicial y surge de las propias consideraciones del documento, donde se marca la cancha en favor del liderazgo de la Corte como cabeza del Poder Judicial. No obstante, la amplitud del temario deja abierta la posibilidad de que el debate exceda a esa limitación inicial y puedan darse en definitiva propuestas profundas, las que por cierto son muy difíciles de abarcar en los dos días habilitados por la Corte.
[5] Me refiero al proyecto de Justicia 2020 propiciado desde el Ministerio de Justicia
[6] Con esto no estoy diciendo que no deba darse el debate por el pago de ganancias, el horario judicial y tantos otros temas que cuestionan ciertos aspectos como privilegios de la función judicial, sino que a mi entender ello tiene poco que ver con el mejoramiento de la función judicial en su relación con la sociedad y con el servicio que presta. El servicio no va a mejorar ni la Justicia será más justa como por arte de magia porque se cumplan esas condiciones, sino que ello requiere una discusión y un trabajo más profundo.

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