martes, 11 de marzo de 2014

Las leyes y su tiempo


Todos los argentinos sabemos que nuestro país, fruto de distintos cambios sociales y políticos, produjo en la última década una notable transformación en diversos aspectos que hacen a su ser.

Sabemos también que las leyes son cristalizaciones de un determinado momento de la sociedad. Un momento que reúne aspectos filosóficos, políticos, sociales, culturales de su contexto que se podría graficar como una fotografía de una determinada etapa histórica en una sociedad determinada.

En ese orden, los cambios experimentados en este tiempo han exigido actualizar la legislación a los desafíos del presente. Es así que el gobierno nacional ha encarado la titánica tarea de organizar todas las leyes vigentes en la República con el Digesto Jurídico Argentino, sancionar nuevas normas que consagraron derechos civiles y sociales fundamentales y la equiparación a nuestros días de los códigos más importantes del país.

Es desde ese preciso lugar el punto de partida para entender la necesidad de sancionar un nuevo Código Penal que esté a la altura de nuestro siglo XXI. Los datos sobre el mismo dan cuenta acabada de cuán necesario es avanzar en esta dirección.

El Código Penal que hoy rige en la Argentina data, en su estructura fundamental, de 1921 y hasta la fecha ha sufrido aproximadamente novecientas modificaciones que, como señaló la Comisión Redactora, lo hace irreconocible.

Existen en la actualidad figuras penales vigentes que claramente demuestran un desfasaje temporal. Un claro ejemplo de ello es la figura del duelo, propia del siglo XIX, que supone el combate entre personas por motivos de honor.

Frente a ese cuadro el Poder Ejecutivo, encabezado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, asumió con enorme seriedad la tarea de dotar al país de un nuevo cuerpo que reúna las normas penales y para esa tarea convocó en 2012 a un grupo de expertos y representantes políticos de distintos partidos a conformar una Comisión que elaborara el proyecto de reforma.

El referido cuerpo se integró por el ministro de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, quien la presidió, el ex Camarista Federal, León Carlos Arslanián y por los diputados Ricardo Gil Lavedra y Federico Pinedo, María Elena Barbagelata de la Unión Cívica Radical, El PRO y el Partido Socialista, respectivamente.

Esta Comisión dotada de un notable prestigio y con mayoría de representantes de la oposición, después de un arduo trabajo, en febrero de este año puso en manos del Poder Ejecutivo el Anteproyecto de Reforma del Código Penal que ahora está a estudio de los equipos técnicos de la Presidencia para luego girarlo al Congreso Nacional.

Un sector político, por estos días, acusó al proyecto de ser benevolente con los delincuentes y desproteger a la sociedad. La visión es propia de un incauto, cuanto menos, o lisa y llanamente malintencionada. El texto que se propone aumenta las penas en 178 casos, bajan en 129, crea 85 nuevos delitos y deroga 14 figuras que son obsoletas.

El debate de un nuevo cuerpo penal es una necesidad que debe darse con madurez por parte de todo el arco político nacional. Un debate que entienda que discutir sobre esta cuestión no se trata de discutir las penas en bruto y que rompa con falsas antinomias. Sólo de esta forma podremos darnos, los argentinos, un nuevo Código Penal a la altura de nuestros días.
José Ignacio López

Nota: artículo publicado en el portal de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata   

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