lunes, 24 de marzo de 2014

Bajar los cuadros y recuperar la memoria

Por Gonzalo Martín (*)
Invitado Especial en Palabras del Derecho


Hoy, 24 de Marzo, en todo el país se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, al cumplirse 38 años del golpe cívico-militar de 1976. Asimismo, se celebran 10 años de la creación del Espacio Memoria y Derechos Humanos en el predio de la ex ESMA.

Una década atrás nuestro país se debatía entre unos índices de pobreza, desocupación y marginación alarmantes -los más elevados de nuestra historia- que exponían la ruptura del tejido social. Además, aún seguía latente el recuerdo del estallido producto de la crisis política y económica del 2001, que reveló no sólo la falta de legitimidad de la clase política dirigente sino también una incapacidad de respuesta de las distintas agencias del Estado para recomponer la situación.

El modelo neoliberal mostraba el fracaso de sus medidas, alentadas desde los Organismos Multilaterales de Crédito (BID y BM) y el Fondo Monetario Internacional, que proponían el achicamiento del Estado- léase “más mercado”-, expulsando del sistema a millones de argentinos que eran excluidos e invisibilizados.

En ese contexto, asumió la presidencia Néstor Kirchner y propuso desde un primer momento un cambio de dirección en la política del país, introduciendo los pilares de memoria, verdad y justicia como ideales irrenunciables de su gobierno. En su discurso inaugural ante la Honorable Asamblea Legislativa de la Nación, el entonces primer mandatario compartió su proyecto de país, que con el paso de los años se convirtió en una realidad concreta: “Vengo a proponerles un sueño: reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como Nación; vengo a proponerles un sueño que es la construcción de la verdad y la Justicia; vengo a proponerles un sueño que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos”.

Una de las medidas más simbólicas de Kirchner fue descolgar los cuadros de los represores que se lucían impunemente en el Colegio Militar, iniciando así un camino irreversible dentro de la lucha por recuperar la memoria del pasado reciente de nuestro país. En ese acto, el gobierno selló su compromiso con los familiares y víctimas de los detenidos y desaparecidos de la última dictadura cívico-militar, y su afán de reparación histórica mediante el cumplimiento efectivo del derecho a la verdad y la justicia.

El kirchnerismo legitimó la histórica lucha de los organismos de derechos humanos que incansablemente denunciaron el accionar terrorista de los militares, sin temor a sufrir represalias o ser acallados. En este sentido, Kirchner determinó, al cumplirse el 28° aniversario del golpe, la recuperación del predio de la ex Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), que funcionó como uno de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio más emblemáticos durante el período 1976-1983.

De este modo, la ex ESMA se convirtió en el Espacio Memoria y Derechos Humanos, consolidándose como lugar de intercambio cultural y de debate social sobre el terrorismo de Estado y la experiencia genocida. Actualmente, allí donde reinó la matanza y el terror, hoy existe un ámbito de homenaje a las víctimas y de condena a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado.

Más adelante, el propio gobierno impulsaría la reapertura de causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura, para lo cual fue necesario declarar inconstitucional los indultos presidenciales. En tanto, el Congreso de la Nación sancionó la insanable nulidad de la Ley de Obediencia Debida y la Ley de Punto Final, que habían obturado la posibilidad de juzgar a los represores perpetuando la impunidad.

Como se observa, la política de derechos humanos del kirchnerismo contó con actos simbólicos y materiales que pusieron en tensión el sentido de ese pasado que muchos sectores interesados procuraron legitimar bajo las supuestas “inocentes” narrativas de la guerra, o la famosa “teoría de los dos demonios”. Para desmontar estos relatos que encontraron gran acogida dentro del sentido común fue necesario crear el Archivo Nacional de la Memoria (por medio del Decreto Nº 1259/03), un organismo cuyas actividades fundamentales han sido: “obtener, analizar, clasificar, duplicar, digitalizar y archivar informaciones, testimonios y documentos sobre el quebrantamiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales en que esté comprometida la responsabilidad del Estado Argentino y sobre la respuesta social e institucional ante esas violaciones”.

En esta misma línea, el Congreso de la Nación sancionó en el año 2011 la Ley N° 26.691 que declara "sitios de memoria" del Terrorismo de Estado a todos los espacios que la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) identificó como centros clandestinos de detención de la última dictadura. Hoy en día, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación avanza en la señalización de los sitios de memoria, delimitando en el espacio público las marcas territoriales dejadas por el terrorismo de estado. 

A 10 años del histórico acto de bajar los cuadros y de haber empezado a recuperar nuestra memoria e identidad como pueblo, debemos celebrar el compromiso de un Estado democrático que trabaja cotidianamente por difundir y condenar estos crímenes, impulsando el juzgamiento de sus responsables.

Por último, no podemos dejar de reconocer el lugar emblemático que ocuparon los organismos de derechos humanos como emprendedores de la memoria, logrando superar las experiencias traumáticas personales y familiares para transformarlas en experiencias colectivas. Así no sólo se pudo hacer efectivo el reconocimiento a las víctimas y sus familiares, sino que se contribuyó a mantener viva la historia contemporánea de nuestro país.
Los juicios en números

En junio de 2013 se creó la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, un área especializada en los procesos por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado, con el objetivo de jerarquizar lo que hasta ese momento era la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por delitos cometidos por la última dictadura, nacida en 2007 para impulsar los juicios desde el Ministerio Público Fiscal.

El lanzamiento de esta nueva procuraduría se inscribió dentro de una política de estado que busca una reparación histórica así como una construcción del pasado reciente anclada en la verdad, la memoria y la justicia. Al mismo tiempo, representó una firme decisión de combatir y erradicar los nichos de impunidad que aún persisten dentro de la corporación militar y judicial.

Una de las tareas de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad consiste en sistematizar y digitalizar la información sobre los juicios de lesa humanidad y reforzar lazos con la sociedad civil. De este modo, la ciudadanía puede acceder a la información y seguir el avance de las investigaciones iniciadas en el país por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del terrorismo de Estado acaecido entre 1976-1983.
El último “Informe sobre el estado de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado” , publicado en diciembre de 2013, presenta los siguientes datos:

-1069 personas procesadas (es decir, personas respecto de las cuales se dictó al menos un auto de procesamiento).
-520 personas están condenadas por delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado (aunque sólo 71 de ellas registran condena firme).
-122 es el número de juicios realizados, desde 1983 hasta el presente, por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado (de los cuales 107 han sido a partir de 2004).
-12 juicios (10 orales y 2 escritos) se están llevando adelante en los que se está juzgando a 219 imputados, por un total de 1924 víctimas
-11 causas ya tienen fecha de juicio programada a lo largo de este año.


(*) Estudiante de la Licenciatura en Periodismo y Comunicación Social en la Universidad Nacional de La Plata

Ilustración y gráfico: Pablo Motta

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