miércoles, 13 de diciembre de 2017

Sexto aniversario



Un trece de diciembre –pero de 2011– aparecía Palabras del Derecho en la red, por eso, hoy es un día importante que implica la celebración del sexto año de vida de este espacio.

La historia ya la hemos contado en este post del 2016 (aquí para el que le interese) por eso, en esta oportunidad, la aprovechamos exclusivamente para agradecer a los colegas que hicieron diversas participaciones que enriquecieron el espacio en el año.


Párrafo aparte para destacar a mis colegas amigos Lucas Zudaire y Juan Francisco Díaz que aportan a mantener actualizado diariamente todas las noticias jurídicas desde el Facebook de Palabras.


También una mención para Román De Antoni que nos mantiene actualizados en la jurisprudencia del derecho internacional de los derechos humanos y Guillermo Rizzi con las últimas novedades del derecho público bonaerense. 

También gracias a Ezequiel Raffino, mi amigo histórico, por los diseños que siempre decoran la la imagen del blog.

También a la familia por entender todos los tiempos que se dejan de compartir para seguir la intensa actualidad del derecho. 

Y decirles, desde luego, la gran satisfacción llevar adelante este espacio que me ha permitido conocer a diversas personas a lo largo del país y, a su vez, me ha enriquecido con debates sobre puntos que desconocía o con miradas que no había explorado. 

Gracias a todos/as los/as seguidores/as del espacio que son, a fin de cuentas, los que le dan vida. 

Nos damos un pequeño festejo de aniversario con energías renovadas para los proyectos que vendrán el año próximo y nos desafiamos a mejorar para seguir, entre todos, compartiendo y debatiendo la actualidad jurídica.

José Ignacio López

miércoles, 6 de diciembre de 2017

En torno al rechazo del concurso preventivo de Oil Combustibles S.A.

Por  Francisco Junyent Bas (*)
Invitado especial en Palabras del Derecho

A propósito de la separación del “empresario de la empresa”



I. Introducción

Recientemente, con fecha 15 de noviembre de 2017, la apertura del concurso preventivo de la firma Oil Combustibles –propiedad del empresario Cristóbal López–, que había sido resuelta por la Sala D de la Cámara Nacional de Comercio, fue anulada por resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El Alto Tribunal, con voto de los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, adoptó la decisión de anular la apertura concursal tras hacer lugar a una “queja” presentada por la AFIP, en contra la sentencia de la Sala D de la Cámara Comercial, la que que había revocado la declaración de nulidad efectuada por el titular del el Juzgado Comercial Nº 4 de la Capital Federal, y que por ende, habilitaba nuevamente la apertura del concurso preventivo.

Cabe poner de relieve que la trama judicial tiene origen en el “intento” de la empresa de cambiar su domicilio desde Capital Federal hacia Comodoro Rivadavia para así presentarse en concurso preventivo en dicha jurisdicción, donde obtuvo la apertura del juicio universal.

En el “interín”, la AFIP compareció ante el juez del domicilio social de Oil Combustibles S.A. en Buenos Aires y le requirió reclamara su competencia, denunciando una fuga registral domiciliaria en “fraude a la ley”.

Veamos los antecedentes. 

II. La “fuga de competencia”
II.1. Un cambio domicilio hacia Comodoro Rivadavia

Hemos dicho que la causa “Oil Combustibles s/ Concurso Preventivo” nació con un conflicto de competencia, pues la empresa aludida se presentó en concurso preventivo en Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut,  denunciando que allí se encontraba situado su domicilio. En dicha jurisdicción se declaró la apertura del concurso preventivo.

A la vez, la AFIP – principal acreedora de la empresa –a la que Oil Combustibles le debe cerca de $10.000 millones- hizo una presentación ante la Justicia Comercial de la Capital Federal, requiriendo que ésta declarara su competencia en el asunto. A fin de fundar su pedido, denunció la existencia de una “fuga de domicilio”. 

Así, toda vez que ante la denuncia de la AFIP se planteó una cuestión de incompetencia, se dio intervención, a los fines de resolver el conflicto, al Superior común, es decir, la Corte Federal.

En este contexto, la Corte Suprema reconoció que se encontraba acreditada la “fuga registral” del domicilio de Oil Combustibles S.A. y, por vía de consecuencia, resolvió el conflicto de competencia asignando la causa al juez nacional de comercio con asiento en la Ciudad de Buenos Aires. De esta forma, pretendió evitar que la empresa “evadiera” intencionalmente la manda del art. 3 de la ley concursal.

II.2. El alcance la competencia concursal 

Así planteado el escenario, cabe poner de relieve que la legislación falimentaria regula sobre la competencia del juez concursal.

En términos habituales, la base de la competencia territorial está dada, en general, por el domicilio de los sujetos procesales. En el concurso ello no varía, y la principal pauta de competencia la configura el domicilio del concursado .

Así, el art. 3 de la LCQ dispone las reglas de competencia territorial aplicables en materia concursal, las cuales deben ser observadas por el juez ex officio como presupuesto procesal de admisibilidad de la demanda concursal .

Cuando el deudor es una persona jurídica constituida regularmente –como ocurre en el caso bajo análisis–, la regla de competencia se encuentra sistematizadas en el inc. 3 de la norma aludida, conforme el cual “entiende el juez del lugar de su domicilio”. 

Dicho dispositivo legal debe interpretarse de consuno con lo dispuesto por el art. 11, inc. 1 de la LCQ: el domicilio de la sociedad será el que figura en el estatuto respectivo, y que debe acompañarse al momento de la presentación concursal.

En este marco, cabe poner de relieve que –entre otros caracteres–, la competencia concursal es de orden público. La Corte Suprema  ha refrendado tal afirmación en diversos pronunciamientos. En este sentido, ha señalado que la ley concursal “es de orden público y en tal sentido la competencia territorial del juez a quien corresponde entender en la quiebra conforme al domicilio del fallido, está determinada por aquella que no admite prórroga de la jurisdicción por parte del tribunal que debe entender en ella”.

Es justamente porque ostenta tal carácter –de orden público–, que la competencia concursal deviene “indelegable” y no “derogable por voluntad de las partes”, tal como lo ha puesto de relieve Cámara . Dicho en otras palabras: a diferencia de lo que ocurre en las legislaciones procesales, en las que se admite la prórroga territorial (tácita o expresa) de la competencia, en materia concursal la competencia es territorialmente improrrogable.

 Desde esta perspectiva, puede suceder, y ocurre frecuentemente, que el “concursable” haya modificado su sede o su domicilio. Ante este escenario, Cámara  se pregunta: ¿Qué ocurre si el comerciante cambia de sede después de estar en cesación de pagos o próximo?

La respuesta que el autor da, en principio, es que “prevalece el nuevo domicilio o sede”. Pero en caso de tratarse de un “domicilio fraudulento”  debe apuntarse a no perjudicar a los terceros, lo que ocurriría si se los sustrajera de la competencia del juez natural.

En derecho concursal, la cuestión es conocida como creación de “domicilio ficticio”. A ella han hecho referencia reiteradamente la doctrina  y la jurisprudencia , opinando que debe restituirse la competencia al juez natural cuando se ha trasladado el domicilio inscripto a otra jurisdicción al solo efecto de dificultar la acción de los acreedores, o para eludir la competencia de determinados tribunales.  

En rigor, se trata de una aplicación del “principio de la realidad del domicilio”, que la doctrina  se ha encargado de destacar, y que surge como respuesta a la necesidad de prevenir las consecuencias que se suceden cuando los estatutos fijan un domicilio totalmente simulado y ajeno a la labor de administración y dirección del ente . 

En este sentido se ha pronunciado nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación. En efecto, el Tribunal Cimero Nacional  ha expresado en la causa “Vido Construcciones SA s/ concurso preventivo”: “Habiendo quedado demostrado que la fallida produjo la modificación de su domicilio social sin ajustarse a las formalidades exigidas por la ley y con la finalidad de entorpecer la acción de sus acreedores, alejándolos de la sede natural del proceso concursal, cabe concluir que, en el caso, se configura la constitución de un domicilio ficticio, destinado a violentar los principios que consagran la indelegabilidad de la competencia o la prohibición de prórroga por la voluntad de las partes, al estar de por medio el orden público” .

Esta misma solución debe aplicarse a los casos en los que se configuren domicilios simulados, falsos o irreales, que si bien son hipótesis diferenciadas, poseen un mismo “sustrato”: la intención de perjudicar a los terceros, alejándolos de su juez natural.

Esta es la buena doctrina que ha seguido el Alto Cuerpo Federal al resolver que la causa Oil Combustibles S.A. se radicara ante el juez nacional de comercio en la Capital Federal.

II.3.  El retorno al juez natural: la nulidad oficiosa del concurso
En este contexto, luego de que la CSJN hubiera resuelto el planteo de competencia, en los términos apuntados precedentemente, y que la causa estuvo radicada por ante el Juzgado Nacional en lo Comercial Número 4 de Capital Federal, el juez concursal analizó la presentación en concurso. 

En atención a la falta de competencia del juez de Chubut y al “fraude a la ley” ejercitado por la concursada, resolvió, de oficio, la nulidad de la apertura del concurso preventivo.

Dicha resolución fue apelada por Oil Combustibles S.A., lo que motivó la intervención de la Cámara Nacional de Comercio, Sala D, mediante sentencia dictada con fecha 27 de diciembre de 2016. 

En su pronunciamiento, el tribunal de alzada hizo lugar parcialmente al recurso que había sido interpuesto por la firma deudora, a cuyo fin reconoció la palmaria incompetencia del juez chubutense, mas entendió que era viable mantener “la validez del auto de apertura del concurso preventivo en cuando se consideró como un gran concurso y ordenó anotar la inhibición general de bienes y comunicar la interdicción de salida del país de la concursada y sus administradores”.

Tal como puede advertirse, los vocales de la Sala D han seguido una tradicional doctrina y jurisprudencia en esta materia, conforme la cual la incompetencia de un juez no impide analizar la viabilidad del pedido de concurso preventivo y, por el contrario, el mejor valor de la empresa en marcha exige analizar detenidamente esta cuestión, tal como lo apunta la doctrina italiana que cita la Cámara Nacional de Comercio en sustento de sus fundamentos.

II.4. La decisión de la Cámara Nacional de Comercio: la vigencia de la convocatoria de acreedores

Tal como se ha apuntado, el fallo de la Cámara Comercial, si bien reconoce que existió “una conducta fraudulenta de la concursada al crear un domicilio ficticio en la Provincia del Chubut con el fin de eludir la competencia del juez natural”, luego resuelve que, frente a dicho comportamiento, la solución no puede pasar por la nulidad de la demanda de concurso preventivo. En rigor, los vocales entendieron que no cabe anular la demanda por el hecho de que esta  ha cumplido con los recaudos del art. 11 de la  LCQ, por lo que la solución debería pasar por la nulidad de la sentencia de apertura dictada por el juez incompetente.

En dicho entendimiento, la Cámara consideró que sólo podía anularse la sentencia en la medida necesaria para establecer una adecuada “translatio iudicci” de los efectos cumplidos o decididos en un único proceso en las dos fases que se consideran, esto es, antes y después de la declaración de incompetencia. 

Asimismo, determinó que debían distinguirse adecuadamente los efectos conservativos, los procesales y los sustanciales que derivan de la demanda de aquellos resueltos por el juez incompetente, tanto en su sentencia de apertura como por actos jurisdiccionales ulteriores, que pudieron haber afectado el derecho de los acreedores, la consistencia del patrimonio cesante o principios concursales inderogables.

En suma, la Sala estimó apropiado revocar la resolución de la instancia anterior en cuanto declaró nula en su totalidad la sentencia de apertura del concurso preventivo de Oil Combustibles S.A., dictada el día 08/04/2016 por el juez provincial de Chubut, y estimó apropiado mantener este último acto sólo parcialmente válido. 

En esta atalaya, los camaristas expresaron que sólo correspondía mantener válidos los puntos 1° (en cuanto individualizaba a la deudora por su denominación social, CUIT y declara abierto su concurso), 2° (que lo consideraba un “gran concurso”; art. 253 inc. 5° y cc., LCQ), 8° (en tanto disponía anotar la inhibición general de bienes) y 9° (que ordenaba comunicar la interdicción de salida del país de la concursada y sus administradores en los términos del art. 25, LCQ).

Ahora bien, respecto de todos los demás puntos en los cuales la ley exige un pronunciamiento expreso por parte del juez concursal (art. 14, LCQ), la Cámara resolvió mantener la declaración de nulidad y, consecuentemente, encomendar al magistrado a quo la “integración” de la sentencia de apertura de concurso preventivo dispuesta por el magistrado declarado incompetente.

De esta manera, Oil Combustible obtenía la apertura de su concurso preventivo. 

Ante la decisión de la Cámara, la AFIP interpuso recurso extraordinario ante la Corte, en el que solicitó la nulidad del fallo de la Sala D de la Cámara Nacional de Comercio. 

III. El recurso de la AFIP ante la CSJN
III.1. Los fundamentos de la crítica

En su recurso, la AFIP calificó la decisión de la Cámara Nacional de Comercio de “contradictoria”. En esencia, cuestionó que por un lado reconocía que la apertura concursal fue resuelta por el juez de Chubut “en claro fraude a la ley”, pero a la vez terminaba validando dicha resolución, al mantener la apertura del proceso universal. 

Luego de una serie de consideraciones sobre “la finalidad del concurso preventivo” y “las cuestiones planteadas” en la causa, el Alto Tribunal analizó las críticas y fundamentos de la recurrente, y expresó que: “la Alzada, luego de tener por configurado un supuesto de creación de “domicilio ficticio” y efectuar un desarrollo de las conductas fraudulentas desplegadas por la concursada, ‘al crear arteramente los presupuestos propios de una competencia inexistente’, convalidó sin fundamentación suficiente la apertura del concurso preventivo decretada por el juez provincial”.

En opinión de los miembros de la Corte, el argumento de que Oil Combustibles S.A. cumplió los requisitos del artículo 11 de la LCQ –referido a la denuncia del monto de la deuda, de los activos, listado de acreedores y demás, resultaba “dogmático” y afectaba las garantías de defensa en juicio y debido proceso respecto a los acreedores concursales, quienes también tenían derecho a la tutela de sus derechos, aspectos que no habían sido debidamente ponderados por la Sala.

III.2. La “fuga de la competencia” y el llamado domicilio “ficticio” en el análisis efectuado por la Corte

Por su parte, el fallo de la CSJN ratifica que “la competencia del juez que debe intervenir en el proceso concursal se halla expresamente dispuesta por la ley y constituye una previsión de orden público”. 

En consecuencia, pone de relieve que ha existido una “fuga de la sede de la administración de la empresa al intentar presentarse en Comodoro Rivadavia cuando domicilio social estuvo inscripto durante años en Buenos Aires”.

Por ende, el Alto Tribunal ratifica la competencia del juez comercial de la Ciudad de Buenos Aires, lugar del domicilio social de la empresa, y, consecuentemente, afirma que “la demanda de convocatoria de Oil Combustibles S.A. debe ser resuelta por el juez natural del concurso”.

III.3 El fraude a la ley en la órbita del art. 12 del CCCN

El Alto Cuerpo Federal agrega que, de conformidad al artículo 12 del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece “que el efecto de declararse fraudulento un acto por intentar soslayar una ley imperativa consiste en aplicarle las consecuencias que pretendía evitar”, el juez natural es, entonces, quien debe decidir sobre la procedencia del escrito de promoción del concurso. 

A partir de esta premisa, la Corte analiza la sentencia de la Sala D y destaca lo que entiende ha constituido una “desviación” de la finalidad del concurso preventivo.
Veamos.

III.4. La cuestión de fondo: los recaudos de apertura del concurso. Elementos que exceden el mero cumplimiento formal de los recaudos del art. 11 de la LCQ.

Los magistrados del Tribunal Cimero Nacional reconocen que para decidir la apertura o el rechazo del pedido de concurso preventivo se deben evaluar los elementos brindados por el deudor en la demanda, lo que a la postre imponía tener en cuenta la conducta “fraudulenta de la empresa al intentar “fugar de su jurisdicción” y realizar el análisis con mayor rigor que un mero análisis del art. 11 de la ley concursal.

 En esta inteligencia, los jueces de la Corte puntualizan que el análisis de los recaudos previstos en la norma citada no se contrapone con la tutela de los bienes jurídicos protegidos por el concurso preventivo, sino que “se justifica en un contexto donde existen razones de entidad para conjeturar una eventual utilización de este régimen de excepción para un fin distinto del perseguido por la ley”. 
Así, destacan que no pueden obviarse “las significativas limitaciones del derecho de propiedad de los acreedores se producen desde el inicio mismo del proceso concursal y no solo en función de los términos de la eventual propuesta de acuerdo.”

La Corte Suprema agrega que “el juez, en su carácter de director del proceso, debe apreciar objetivamente si el deudor ha contrariado la finalidad económico-social del concurso preventivo, que está dada no solo por la conservación de la empresa como fuente de producción y trabajo sino que también está definida por el logro de una finalidad satisfactiva del derecho de los acreedores (conf. Fallos: 330: 834 Y 332: 2339)…”.

De esta manera, vemos como la Corte Federal se introduce en aspecto de fondo al juzgar la conducta del empresario, sin advertir que el concurso preventivo tiende a “salvar” la empresa. 

A esta altura del análisis, no puede soslayarse que clásicamente el derecho concursal ha apuntado a la finalidad del concurso preventivo como modo de reorganización y saneamiento de la empresa, a cuyo fin hay que distinguir “al empresario de la empresa”.

En esta línea de pensamiento, el empresario, eventualmente “inescrupuloso”, puede ser separado de la administración de la empresa, conforme lo dispone el art. 17 de la LCQ y esto habilita la alternativa del “salvataje” plasmada desde 1995 en el art. 48 de la ley 24.522, protegiendo así el mejor valor de la “Empresa en marcha”, en la medida de su “viabilidad” y “utilidad social como fuente de trabajo”.

III.5. Una fundamentación insuficiente o aparente para la Corte

El Alto Tribunal entiende que  “… la respuesta dada por la Alzada para mantener la apertura del concurso decidida por un juez que carecía de jurisdicción para hacerlo, cuando previamente había calificado de fraudulenta la conducta desplegada por la deudora para iniciar el proceso ante ese magistrado, y con la sola mención de considerar cumplidos los recaudos previstos en el art. 11 de la ley concursal, resulta sustentada en afirmaciones dogmáticas que dan fundamento aparente a la decisión sin atender adecuadamente a las constancias de la causa, afectando de modo directo e inmediato las garantías constitucionales del debido proceso y de defensa en juicio que asisten a la recurrente.

Dicho derechamente, los ministros ponen de relieve que el análisis de la causa ha sido parcial en la Alzada, la que no habría considerado íntegramente los presupuestos de procedencia del remedio concursal previsto en la ley 24.522.

Así, acusan al resolutorio de “dogmático” y “fundamentación aparente” acotado al mero análisis del art. 11 de la LCQ, sin tener en cuenta las consecuencias que importa el concurso y la conducta de la deudora enderezada a afectar los derechos de los acreedores.

No nos convencen los argumentos de los jueces del Alto Cuerpo que “segmentan inadecuadamente” la correcta sistemática de la ley concursal. Por el contrario, consideramos que, para una adecuada tutela de los acreedores, no puede dejarse de lado la posibilidad de saneamiento de la empresa, más allá de la conducta del empresario, tal como ha enseñando desde siempre la doctrina argetina.

Estos aspectos no fueron tenidos en cuenta por el fallo de la Corte Suprema, que no diferenció la conducta de la sociedad concursada de la de sus administradores o socios.

III.6. Los efectos del concurso y el eventual desvío de su finalidad

Hemos dicho que los jueces de la Corte Federal destacan que “…la apertura del concurso produce consecuencias de orden sustancial y formal de enorme relevancia, cuales son la afectación al control judicial de todo el patrimonio del concursado, la sujeción forzada de sus acreedores a un procedimiento especial, de carácter sumario y plazos limitados, la intervención de terceros, auxiliares que hagan viable el preciso conocimiento de la situación al tribunal”.

El Alto Tribunal enfatiza que la estructura del concurso y sus efectos jurídicos requieren “…la consagración y efectiva aplicación de los principios liminares del proceso, como el de defensa en juicio, concentración de los procesos -como modo de favorecer la economía procesal y seguridad jurídica- así como el de inmediación, los que contribuyen al destino final de la prestación de un buen servicio de justicia…”

 A mayor abundamiento los ministros agregan que “…ni la decisión posterior de la Alzada de dar trámite a un "incidente de investigación” orientado a dilucidar si el estado de cesación de pagos de Oil Combustibles S.A. fue simulado o creado dolosamente, ni la integración del auto de apertura del concurso cumplida por el juez de primera instancia, permiten mantener la apertura del concurso decidida por un juez que carecía de jurisdicción para actuar”.

 Por estas consideraciones, los jueces en lugar de limitarse a anular la sentencia recurrida, señalan que el tiempo transcurrido les impone pronunciarse sobre el fondo, art. 16 in fine de la Ley 48  y anulan la apertura del concurso preventivo, dicen del juez de Cómodoro Rivadavia.

En definitiva, lo real y cierto es que el concurso preventivo resulta rechazado por no encontrarse acreditados sus presupuestos sustanciales, entre ellos y de una notable relevancia y significación lo constituye el estado de cesación de pagos, a lo que se agrega la conducta “fraudulenta” de la deudora de intentar evadir la jurisdicción del juez natural.

Como vemos, la CSJN se ha introducido en cuestiones sustanciales impropias de los recaudos formales del art. 11 de la LCQ.

Así, el fallo del Alto Cuerpo efectúa una serie de afirmaciones sobre la conducta del empresario, en detrimento de su necesaria “separación de la empresa” y de la “verdadera finalidad del concurso preventivo” que es “salvar la empresa “útil y preservar la fuente de trabajo”. 
Sin perjuicio de dicha solución, consideramos que las inconductas del empresario no justifican no habilitar el concurso preventivo que, lejos de afectar a los acreedores, los tutela permitiendo la continuidad de la empresa.

Dicho derechamente puede perseguirse al empresario “inescrupuloso” sin afectar la empresa y mucho menos al “grupo empresario”.

Si por el contrario se entendía que no estaba configurado el estado de cesación de pagos de Oil. Combustibles S.A., esta cuestión debió analizarse y fundarse adecuadamente para despejar la serie de consecuencias negativas que podrían derivarse. 

Todo lo dicho conlleva algunas reflexiones preliminares, justamente en función de los mismos argumentos de los ministros del Alto Cuerpo.

IV. Algunas Reflexiones

1. La primera conclusión a la que podemos arribar es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha rechazado la presentación del concurso preventivo de la firma Oil Combustibles S.A. por entender que, más allá de los recaudos del art. 11 de la LCQ, la empresa ha tenido una actuación “fraudulenta”, al intentar “desviar” la finalidad del instituto concursal. 

Sin embargo, del texto del fallo no puede inferirse con claridad quién ha actuado “desviadamente”: si los administradores, los socios o la empresa, pues cada situación merece una solución diferente.

2. Aunque el tema sólo se infiere, parece evidente que el Alto Tribunal entiende “no acreditado el estado de cesación de pagos”, pese a la confesión de la deudora, por las especiales circunstancias de la causa. 

3. Lo resuelto por el Alto Cuerpo, en el sentido de declarar la nulidad de la sentencia que resuelve la apertura concursal, impone la sanción contenida en el art. 31 in fine de la LCQ. Ello significa que Oil Combustibles S.A. no se podrá volver a presentar en concurso durante el plazo de un año en la medida que existan pedidos de quiebra pendientes.

4. El rechazo del concurso de Oil Combustible S.A. no implica la quiebra del grupo empresario que integra, art. 172 de la ley 24.522 y debe respetarse la “pluralidad subjetiva” de cada sociedad que tituliza diversas empresas que pueden ser perfectamente viables. 

5. Así, cada sociedad podrá proseguir con su actividad normalmente y, en su caso, pueden presentarse por su cuenta en concurso preventivo, en la medida que sean viables jurídicamente y, así “sanear” aquellos emprendimientos que sean útiles en pos del mantenimiento de las fuentes de trabajo, objetivo esencial del instituto concursal.

 6. Aún en caso de quiebra de algunas de las empresas del grupo, el juez competente podrá habilitar la continuidad de la empresa, conforme lo normado por los arts. 189, 190 y concordantes de la LCQ, con todas las alternativas que se configuran en orden a la continuidad de la empresa.

7. En esta última línea, no puede obviarse la posibilidad que los trabajadores se articulen en cooperativas de trabajo para intentar proseguir con la actividad y, eventualmente, lograr “el salvataje” con la colaboración de terceros o, la adquisición de la unidad por la propia cooperativa.

8. En una palabra, la existencia de un “grupo empresario” se caracteriza por “las relaciones de control y la dirección unificada” pero exige respetar la “pluralidad subjetiva de cada sociedad” y la diversa actividad de cada empresa, situación que habilita diversas vías de reorganización y saneamiento para preservar el mejor valor de la  “empresa en marcha”.

En fin, un largo camino todavía, y una serie de alternativas que deben distinguirse y despejarse adecuadamente en busca del mejor valor como lo es “la preservación de las fuentes de trabajo” en la medida que se trate de empresas “viables” socialmente “útiles”. 

 

___________________   
(*) Doctor Honoris Causa de la Universidad San Pablo Tucumán. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Fiscal de Cámara Civil y Comercial. Profesor Titular Plenario de Derecho Concursal en la UNC. Profesor de posgrado de diversas universidades del país. Premio Academia Nacional de Derecho de Córdoba 1998. Distinción académica Ut portet nomen meun coram gentibus, de la Facultad de Derecho en la UNC. Autor de numerosos libros y de artículos en diversas revistas de su especialidad. Disertante en universidades e instituciones jurídicas. Ex Juez concursal de la Ciudad de Córdoba. Director del Instituto de Estudios de la Magistratura de la Asociación de Magistrados de la Provincia de Córdoba. Presidente Honorario de la Fundación para el Estudio del Derecho Concursal y la Empresa en Crisis, Pablo Van Nieuwenhove, Tucumán. Ex Director del Departamento de Derecho Comercial de la Facultad de Derecho en la UNC. Profesor Honorario de la Universidad Aconcagua, Mendoza. Director del Semanario Jurídico de Comercio y Justicia. Investigador Categoría 1 por la Coneau en el ámbito universitario.

viernes, 24 de noviembre de 2017

La sanción de la ley de paridad de género en la representación política nacional (de las sufragistas a la consagración legal)

Por Agustina Pilar Cuerda (*)
Invitado especial en Palabras del Derecho


En el día de ayer se aprobó en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de ley de paridad de género en la integración de listas nacionales. El proyecto había sido aprobado por el Senado hace más de un año, luego de unificarse varios proyectos de distinta autoría. 

Si bien en las últimas elecciones, algunos partidos políticos, concretamente Unidad Ciudadana, integraron sus listas de precandidatos/as a las PASO de manera alternada, lo cierto es que la obligación legal de elevar la representación femenina al 50 por ciento en las listas electorales, es algo que se aplicará por primera vez en las elecciones del año 2019.

El derecho público local bonaerense, avanzado en esta materia, como en tantas otras, consagra por ley, sancionada por la Legislatura en el mes de octubre de 2016, la paridad de género para cargos públicos electivos en la provincia.

La norma modifica dos leyes: el Código Nacional Electoral y la Ley 23.298 Orgánica de los Partidos Políticos, consagrando la paridad de género para cargos electivos y como novedad se incluyen los cargos partidarios. Sobre esto último, podemos inferir que el/la legislador/a recogen lo dicho en julio de este año por la Cámara Nacional Electoral en materia de igualdad de género en la representación política. Puntualmente, en la causa  “Villar Daniel Osvaldo C/ Union Popular”, la Cámara dispuso la intervención judicial de un partido político, para dar cumplimiento con la ley –vigente a ese momento- de cupo femenino. La mención no es caprichosa, el fallo revistió de suma importancia al no limitarse al caso concreto, sino por el contrario, proyectarse en el desarrollo de la vida interna de todos los partidos políticos reconocidos e incluso en formación, a través de lo que fue la comunicación de la decisión judicial a los jueces federales con competencia electoral en todo el país y por intermedio de estos, a todos los partidos políticos con reconocimiento provisorio o definitivo.   

Si pensamos que “la filosofía de la Ilustración puso en entredicho la calidad de humanas de las mujeres, toda vez que sus planteamientos expresaban que eran seres cuya 'minoría moral' les impedía formar parte de la ciudadanía y, por tanto, ser sujetos de derechos y deberes jurídicos y políticos. Bajo estos supuestos se negó la capacidad de las mujeres para ejercer autoridad y liderazgo, así como para tomar decisiones vitales en los asuntos considerados del interés colectivo. Al excluirlas del estatus de individuos, se les privó de la participación en el mundo público de la igualdad, el consenso, la convención y el pacto social" (Carole Pateman). Y así, se sentaron las bases de la política como un ámbito pensado y definido a partir de normas, mecanismos y prácticas consideradas propiamente masculinas.

Celebramos la sanción de una norma que reconozca la historia de los feminismos en lo que hace a la participación política de las mujeres: de las sufragistas a la ley de paridad de género. Movimiento que se vio obligado a intervenir en política desde fuera, llamando la atención sobre su causa y con vocación de no violencia. Teniendo que ensayar y probar nuevas formas de protesta, las manifestaciones, la interrupción de oradores mediante preguntas sistemáticas, la huelga de hambre, el autoencadenamiento, la tirada de panfletos reivindicativos. Todos éstos fueron sus métodos habituales. Innovando las formas de agitación, inventando la lucha pacífica que luego siguieron movimiento políticos posteriores como el sindicalismo y el movimiento en pro de los Derechos Civiles. 

Hoy la paridad se instala como un principio permanente que consagra la igualdad en el ejercicio del poder y reconoce a las mujeres ejerciendo sus derechos en igualdad de oportunidades, es decir en plena democracia. 
Las acciones afirmativas, parten del reconocimiento de la histórica desigualdad de poder y de goce de derechos entre mujeres y hombres, lo que obliga al Estado a tomar una serie de medidas especiales de carácter temporal con el objetivo de acelerar el logro de la igualdad entre los sexos sin que éstas constituyan expresiones discriminatorias para los hombres. La lógica detrás de estas medidas correctivas es que el carácter sistémico de la discriminación contra las mujeres hace que sea imposible su eliminación sin medidas compensatorias porque una histórica y generalizada distribución desigual de beneficios y poder requiere una asignación desigual de determinados instrumentos. De tal forma que para avanzar hacia una sociedad igualitaria entre mujeres y hombres es necesario que se comprenda que el punto de partida de unas y otros es asimétrico Es decir, mujeres y hombres no cuentan con las mismas oportunidades por causas socialmente construidas y, por ende, la aplicación de “reglas neutrales” conduce a resultados desiguales, de ahí la necesidad de implementar acciones afirmativas concretas en beneficio de las mujeres (Medina Espino, Adriana. "La participación de las mujeres, de las cuotas de género a la paridad). 
Digo celebramos, pero no agotamos el camino. Lo cierto es que con ley y todo irrumpe silenciosamente una de las grandes paradojas del mundo jurídico que lamentablemente se repite más de lo una quisiera. Las estadísticas dan cuenta que un gran obstáculo para el ejercicio de los derechos de las mujeres, lo representa en propio poder judicial.  Siendo esto material para otro análisis. 

Y no termina porque el objetivo final de cualquier norma en la sociedad sigue siendo lograr un cambio cultural de tal magnitud donde no sea necesario por parte del Estado ninguna medida (ley de paridad) que obligue, sino que sea la propia sociedad, en su conjunto la que otorgue esos espacios de representación, participación y ejercicio del poder históricamente relegados a los varones. 

La paridad de género es ley. Los movimientos feministas recogen y suman una gran conquista sin olvidar que continúan en el camino de reivindicar las luchas que aun nos faltan. 



(*) Agustina Pilar Cuerda, abogada UNLP, Profesora Adscripta Historia Constitucional, Catedra III UNLP.-

lunes, 20 de noviembre de 2017

Los nombramientos judiciales de la era Macri

El presidente superó la centena de designaciones de magistrados. Un repaso por los candidatos seleccionados junto a un análisis cuantitativo que surge de los mismos.


En la Justicia Nacional y Federal de nuestro país existen aproximadamente un 30% de cargos vacantes. Esta problemática fue subrayada en reiteradas ocasiones por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, con la exigencia que esos cargos sean cubiertos.

La tarea de seleccionar magistrados le corresponde, por disposición constitucional, al Poder Ejecutivo Nacional y al Senado, ello precedido naturalmente, de la confección de ternas por parte del Consejo de la Magistratura (en el caso de los jueces inferiores), la Procuración General (en el caso de los fiscales) y la Defensoría General (en el caso de los defensores).

Con este escenario de numerosas vacancias, el 10 de diciembre de 2015, asumió la presidencia Mauricio Macri y, de ese tiempo a esta parte, ha superado la centena de nombramientos de magistrados en el servicio de justicia, es decir, tanto de jueces como de fiscales y defensores.

En ese recorrido, a su vez, tuvo la responsabilidad de designar a dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, completando la integración del órgano máximo del Poder Judicial de la Nación.

Lo cierto es que, hasta la actualidad, Macri designó a 112 magistrados -jueces, fiscales y defensores- de los cuales, desagregados por género, 81 son hombres y 31 mujeres. Ello representa una preponderancia masculina del 72,3% frente a un 27,7% femenino.  

De aquellos, en cuanto al rango, unos 10 corresponden a las cabezas de órgano (Corte Suprema, Procuración General o Defensoría General), 2 a la Cámara Federal de Casación Penal, 43 a instancias de alzada (Cámaras Nacionales y Federales de Apelación), 2 son defensores cuya competencia es de instancia y alzada, mientras que, 55 en la órbita de la prima instancia.

En cuanto a la jurisdicción, primaron las designaciones en el fuero federal del interior del país -con 56 nombramientos-, seguido por el fuero federal de la Capital -con 33 designaciones- y completa el fuero nacional de la Capital -23 cargos-.

Un muestreo por circunscripción (provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires) arroja lo siguiente: 
Circunscripción               
Cantidad de Designados
Buenos Aires    
11
Chaco 
3
Chubut
3
Ciudad Autónoma Buenos Aires (*)
52
Catamarca         
1
Córdoba            
3
Corrientes        
2
Entre Ríos         
2
Jujuy   
1
Mendoza          
9
Misiones           
1
Neuquén          
2
Río Negro         
1
Salta    
5
San Luis              
1
Santa Fe            
11
Santiago del Estero      
2
Tierra del Fuego            
2
Total general  
112
(*) Cuatro de ellos ejercen jurisdicción sobre todo el país, en concreto, dos jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el traslado del Juez Mahiques a la Cámara Federal de Casación y la designación de Enrique Comellas como Defensor Oficial ante la referida Cámara de Casación.
Otra singularidad han sido los traslados de jueces que se realizaron en seis oportunidades -tres de ellas fueron cambiando magistrados de tribunal oral federal- y otras tres fueron con Carlos Mahiques de la Cámara Nacional de Casación a la Cámara Federal de Casación, circunstancia que recibió duras objeciones y que originó una serie de planteos judiciales que están bajo estudio de diversos magistrados, con Zunilda Niremperger del Juzgado Federal de Resistencia N° 2 al N° 1 y con Juan Manuel Iglesias que pasó del Tribunal Oral Federal de Concepción del Ururguay al Tribunal Oral Federal de Resistencia. 

Por otra parte, en el marco de la ley 27.307, también hubo transformación de Tribunales Orales Nacionales en Tribunales Orales Federales y, de esta forma, mutaron tres jueces: Guilermo Yacobucci, Enrique Méndez Signori y Herminio Fernando Canero, de los cuales los dos últimos contaban con acuerdo para ser jueces federales.

Los seleccionados


Designado
Organismo
Cargo
Decreto
Fecha
María Delfina DENOGENS
Poder Judicial
VOCAL DE LA CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE RESISTENCIA
Decreto 285/2016
1/2/2016
María Cecilia GILARDI MADARIAGA
Poder Judicial
JUEZA del JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL N° 8 DE LA CAPITAL FEDERAL
Decreto 791/2016
16/6/2016
Abel FLEMING FIGUEROA
Poder Judicial
JUEZ DE CAMARA del TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL N° 2 DE SALTA
Decreto 793/2016
16/6/2016
Analía Julieta VIGANO
Poder Judicial
JUEZA del JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO N° 31 DE LA CAPITAL FEDERAL
Decreto 794/2016
16/6/2016
Guillermo Gustavo LLERAL
Poder Judicial
JUEZ del JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA N° 2 DE RAWSON
Decreto 788/2016
16/6/2016
Javier Matías ARZUBI CALVO
Ministerio Público Fiscal
FISCAL ante el JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA DE VENADO TUERTO
Decreto 789/2016
16/6/2016
Santiago OTTAVIANO
Ministerio Público de la Defensa
DEFENSOR PUBLICO OFICIAL ANTE LOS JUZGADOS NACIONALES EN LO CORRECCIONAL Y ANTE LA CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE LA CAPITAL FEDERAL, DEFENSORIA N° 2
Decreto 790/2016
16/6/2016
Fernando María KLAPPENBACH
Ministerio Público Fiscal
FISCAL GENERAL ante los TRIBUNALES ORALES EN LO CRIMINAL DE LA CAPITAL FEDERAL, FISCALIA N° 14
Decreto 792/2016
16/6/2016
Pablo Nicolás TURANO
Ministerio Público Fiscal
FISCAL de la PROCURACION GENERAL DE LA NACION
Decreto 795/2016
16/6/2016
María Luisa PIQUE
Ministerio Público Fiscal
FISCAL de la PROCURACION GENERAL DE LA NACION
Decreto 796/2016
16/6/2016
Horacio Daniel ROSATTI 
Poder Judicial
JUEZ de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
Decreto 803/2016
22/6/2016
Carlos Fernando ROSENKRANTZ
Poder Judicial
JUEZ de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
Decreto 804/2016
22/6/2016
Domingo José BATULE
Poder Judicial
JUEZ DE CAMARA del TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL N° 2 DE SALTA
Decreto 812/2016
24/6/2016
Gabriela Elisa CATALANO
Poder Judicial
JUEZA DE CAMARA del TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL N° 2 DE SALTA
Decreto 813/2016
24/6/2016
María Alejandra MANGANO 
Ministerio Público Fiscal
FISCAL de la PROCURACION GENERAL DE LA NACION
Decreto 811/2016
24/6/2016
María Silvina DOMINGUEZ
Poder Judicial
JUEZA del JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA DE ZAPALA
Decreto 815/2016
28/6/2016
Juan Carlos PAULUCCI
Ministerio Público Fiscal
FISCAL GENERAL ante la CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, FISCALIA N° 2
Decreto 814/2016
28/6/2016
Andrés Fabián BASSO
Poder Judicial
Trasládase del TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL N° 7 DE LA CAPITAL FEDERAL al TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL N° 3 de la misma ciudad
Decreto 832/2016
7/7/2016
Javier Feliciano RIOS
Poder Judicial
Trasládase del TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL N° 7 DE LA CAPITAL FEDERAL al TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL N° 3 de la misma ciudad
Decreto 833/2016
7/7/2016
Fernando Marcelo MACHADO PELLONI
Poder Judicial
Trasládase del TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL N° 7 DE LA CAPITAL FEDERAL al TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL N° 3 de la misma ciudad
Decreto 900/2016
Juan Ignacio PEREZ CURCI
Ministerio Público de la Defensa
DEFENSOR PUBLICO OFICIAL ante los TRIBUNALES ORALES EN LO CRIMINAL FEDERAL DE MENDOZA
Decreto 979/2016
2/9/2016
Carolina Laura Inés ROBIGLIO
Poder Judicial
VOCAL DE LA CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO PENAL ECONOMICO, SALA B
Decreto 986/2016
5/9/2016
Ana Helena DIAZ CANO
Ministerio Público Fiscal
FISCAL GENERAL ANTE LOS TRIBUNALES ORALES EN LO CRIMINAL DE LA CAPITAL FEDERAL, FISCALIA N° 15
Decreto 987/2016
5/9/2016
José Miguel IPOHORSKI LENKIEWICZ
Ministerio Público Fiscal
FISCAL DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS
Decreto 988/2016
5/9/2016
María Andrea GARMENDIA ORUETA
Ministerio Público Fiscal
FISCAL DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS
Decreto 985/2016
5/9/2016
Sergio Aníbal PINTO
Poder Judicial
JUEZ del JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA DE BELL VILLE, PROVINCIA DE CÓRDOBA
Decreto 994/2016
7/9/2016
Néstor Pablo BARRAL
Poder Judicial
JUEZ DEL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL N° 3 DE MORON, PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Decreto 1062/2016
4/10/2016
Marcos MORAN
Poder Judicial
 VOCAL DE LA CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE SAN MARTIN
Decreto 1072/2016
6/10/2016
Hugo Horacio GRECA
Poder Judicial
JUEZ DEL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA DE GENERAL ROCA
Decreto 1075/2016
6/10/2016
Juan Pablo SALAS
Poder Judicial
VOCAL DE LA CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE SAN MARTIN
Decreto 1076/2016
6/10/2016
Walter Ezequiel LOPEZ DA SILVA
Poder Judicial
JUEZ DEL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA N° 1 DE BAHIA BLANCA
Decreto 1077/2016
6/10/2016
Carlos Alberto SEIJAS
Ministerio Público de la Defensa
DEFENSOR PUBLICO OFICIAL ANTE LOS JUZGADOS NACIONALES EN LO CRIMINAL DE INSTRUCCION Y ANTE LA CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE LA CAPITAL FEDERAL, DEFENSORIA N° 15
Decreto 1074/2016
6/10/2016
Nicolás LAINO
Ministerio Público de la Defensa
DEFENSOR AUXILIAR DE LA DEFENSORIA GENERAL DE LA NACION
Decreto 1081/2016
7/10/2016
Martín Alejandro RAMOS
Poder Judicial
 JUEZ DEL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL N° 1 DE MORON
Decreto 1202/2016
29/11/2016
Eduardo Ariel PUIGDENGOLAS
Poder Judicial
JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA DE SAN RAFAEL
Decreto 1223/2016
5/12/2016
Aurelio Antonio CUELLO MURUA
Poder Judicial
JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA DE VENADO TUERTO
Decreto 1224/2016
5/12/2016
Graciela Alicia GILS CARBO
Ministerio Público Fiscal
FISCAL GENERAL ANTE LOS TRIBUNALES ORALES EN LO CRIMINAL DE LA CAPITAL FEDERAL, FISCALIA N° 26
Decreto 1224/2016
5/12/2016
FERNANDO BAZANO
Ministerio Público de la Defensa
DEFENSOR PUBLICO OFICIAL ANTE LOS JUZGADOS FED. DE PRIMERA INST. EN LO CRIMINAL Y CORRECC. DE SAN ISIDRO
Decreto  1274/2016
20/12/2016
Esteban Eduardo HANSEN
Poder Judicial
JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN
Decreto 1303/2016
26/12/2016
Carlos Alberto MARTINEZ FRUGONI
Poder Judicial
JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TARTAGAL
Decreto 1304/2016
26/12/2016
Alberto José MARTINEZ
Ministerio Público de la Defensa
DEFENSOR PUBLICO OFICIAL ANTE LOS TRIBUNALES FEDERALES DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA DE COMODORO RIVADAVIA
Decreto 1305/2016
26/12/2016
CARLOS ALBERTO MAHIQUES
Poder Judicial
TRASLADASE DE LA CAMARA NACIONAL DE CASACION EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE LA CAPITAL FEDERAL, SALA III A LA CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL, SALA II (VOCALIA VII)
Decreto  328/2017
11/5/2017
ZUNILDA NIREMPERGER
Poder Judicial
TRASLADASE DEL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA N° 2 DE RESISTENCIA, PROVINCIA DEL CHACO AL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA N° 1 DE LA MISMA CIUDAD
Decreto  354/2017
22/5/2017
GUILLERMO JORGE YACOBUCCI
Poder Judicial
TRANSFORMAR - EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 2° DE LA LEY 27.307 - EL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL N° 6 DE LA CAPITAL FEDERAL EN EL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL N° 7 DE LA CAPITAL FEDERAL
Resolución CM 160/2017
6/6/2017
ENRIQUE MENDEZ SIGNORI
Poder Judicial
TRANSFORMAR - EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 2° DE LA LEY 27.307 - EL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL N° 6 DE LA CAPITAL FEDERAL EN EL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL N° 7 DE LA CAPITAL FEDERAL
Resolución CM 160/2017
6/6/2017
HERMINIO FERNANDO CANERO
Poder Judicial
TRANSFORMAR - EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 2° DE LA LEY 27.307 - EL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL N° 6 DE LA CAPITAL FEDERAL EN EL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL N° 7 DE LA CAPITAL FEDERAL
Resolución CM 160/2017
6/6/2017
Graciela Haydeé AVALLONE
Poder Judicial
JUEZA DEL JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO N° 49 DE LA CAPITAL FEDERAL
Decreto 546/2017
25/7/2017
Claudio Fabián LOGUARRO
Poder Judicial
JUEZ DEL JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO N° 38 DE LA CAPITAL FEDERAL
Decreto 545/2017
25/7/2017
Mario Jorge GAMBACORTA
Poder Judicial
JUEZ DE CAMARA DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL N° 3 DE ROSARIO
Decreto 548/2017
25/7/2017
Marcelo GOTA
Poder Judicial
JUEZ DEL JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL N° 8 DE LA CAPITAL FEDERAL
Decreto 547/2017
25/7/2017
Eduardo Daniel GOTTARDI
Poder Judicial
 VOCAL DE LA CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL DE LA CAPITAL FEDERAL, SALA II
Decreto 550/2017
25/7/2017
Silvia Susana SANTOS
Poder Judicial
JUEZA DEL JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO N° 68 DE LA CAPITAL FEDERAL
Decreto 549/2017
25/7/2017
Germán Luis Antonio SUTTER SCHNEIDER
Poder Judicial
JUEZ DE CAMARA DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL N° 1 DE ROSARIO
Decreto 555/2017
25/7/2017
Silvina Andrea BRACAMONTE
Poder Judicial
JUEZA DEL JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL N° 1 DE LA CAPITAL FEDERAL
Decreto 556/2017
25/7/2017
María Paula MARISI
Poder Judicial
JUEZA DE CAMARA DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL N° 1 DE MENDOZA
Decreto 557/2017
25/7/2017
Santiago José MARTIN
Poder Judicial
JUEZ DEL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA N° 2 DE MAR DEL PLATA
Decreto 558/2017
25/7/2017
Javier PICO TERRERO
Poder Judicial
JUEZ DEL JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL N° 7 DE LA CAPITAL FEDERAL
Decreto 559/2017
25/7/2017
Eugenio Jorge MARTINEZ FERRERO
Poder Judicial
JUEZ DE CAMARA DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL N° 3 DE ROSARIO
Decreto 563/2017
25/7/2017
Alberto Daniel CARELLI
Poder Judicial
JUEZ DE CAMARA DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL N° 1 DE MENDOZA
Decreto 567/2017
25/7/2017
María Elena LOPEZ
Poder Judicial
JUEZA DEL JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO N° 57 DE LA CAPITAL FEDERAL
Decreto 565/2017
25/7/2017
Osvaldo Alberto FACCIANO
Poder Judicial
JUEZ DE CAMARA DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL N° 3 DE ROSARIO
Decreto 566/2017
25/7/2017
Jorge Gustavo ONEL
Ministerio Público Fiscal
FISCAL ANTE LOS JUZGADOS FEDERALES DE PRIMERA INSTANCIA DE SANTA FE, PROVINCIA DE SANTA FE, FISCALIA N° 1
Decreto 564/2017
25/7/2017
José Carlos BENITEZ
Ministerio Público de la Defensa
DEFENSOR PUBLICO OFICIAL ANTE EL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA DE PUERTO IGUAZU
Decreto 561/2017
25/7/2017
David Andrés CHASSAGNADE
Ministerio Público de la Defensa
DEFENSOR PUBLICO OFICIAL ANTE LOS JUZGADOS FEDERALES DE PRIMERA INSTANCIA DE RAWSON
Decreto 562/2017
25/7/2017
Silvina Andrea COSTA
Ministerio Público de la Defensa
DEFENSORA PUBLICA OFICIAL ANTE EL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA DE VENADO TUERTO
Decreto 560/2017
25/7/2017
Guillermo Miguel GARONE
Ministerio Público de la Defensa
DEFENSOR PUBLICO OFICIAL ANTE EL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA DE RIO GRANDE
Decreto 552/2017
25/7/2017
José Gabriel BONGIOVANNI SERVERA
Ministerio Público de la Defensa
DEFENSOR PUBLICO OFICIAL ANTE EL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA DE USHUAIA
Decreto 551/2017
25/7/2017
Lara Cristina LEGUIZAMON
Ministerio Público de la Defensa
DEFENSORA PUBLICA OFICIAL ANTE LOS JUZGADOS FEDERALES DE PRIMERA INSTANCIA DE CORRIENTES
Decreto 554/2017
25/7/2017
Rosana Leonor MARINI
Ministerio Público de la Defensa
DEFENSORA PUBLICA OFICIAL ANTE EL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA DE GOYA
Decreto 553/2017
25/7/2017
Nicolás RAMAYON
Ministerio Público de la Defensa
DEFENSOR PUBLICO OFICIAL ANTE EL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA DE RECONQUISTA
Decreto 568/2017
25/7/2017
Pablo Juan LEGA
Ministerio Público de la Defensa
DEFENSOR PUBLICO OFICIAL ANTE EL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA DE PEHUAJO
Decreto 576/2017
27/7/2017
Victoria SANCHEZ SOULIE
Ministerio Público de la Defensa
DEFENSORA PUBLICA OFICIAL ANTE LOS JUZGADOS FEDERALES DE PRIMERA INSTANCIA DE AZUL
Decreto 583/2017
28/7/2017
Carlos POSE
Poder Judicial
VOCAL DE LA CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA CAPITAL FEDERAL
Decreto 752/2017
27/9/2017
María Cecilia HOCKL
Poder Judicial
VOCAL DE LA CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA CAPITAL FEDERAL
Decreto 753/2017
27/9/2017
 Fernando Alcides URIARTE
Poder Judicial
VOCAL DE LA CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL DE LA CAPITAL FEDERAL
Decreto 750/2017
27/9/2017
Olga Pura ARRABAL
Poder Judicial
VOCAL DE LA CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE MENDOZA
Decreto 751/2017
27/9/2017
Alfredo Rafael PORRAS
Poder Judicial
VOCAL DE LA CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE MENDOZA
Decreto 756/2017
27/9/2017
 Alejandro Hugo PERUGINI
Poder Judicial
VOCAL DE LA CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA CAPITAL FEDERAL
Decreto 754/2017
27/9/2017
Mauricio Gabriel ZAMBIAZZO
Ministerio Público de la Defensa
DEFENSOR PUBLICO OFICIAL ANTE EL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA DE CONCORDIA
Decreto 757/2017
27/9/2017
Carlos María CASAS NOBLEGA
Ministerio Público Fiscal
FISCAL GENERAL ANTE LOS TRIBUNALES ORALES EN LO CRIMINAL FEDERAL DE CORDOBA
Decreto 755/2017
27/9/2017
María Luz CASTANY
Ministerio Público Fiscal
FISCAL DE LA PROCURACION GENERAL DE LA NACION
Decreto 758/2017
27/9/2017
Gustavo Enrique CASTIÑEIRA DE DIOS
Poder Judicial
VOCAL DE LA CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE MENDOZA
Decreto 765/2017
28/9/2017
 José Luis CASSINERIO
Poder Judicial
JUEZ DEL JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL N° 4 DE LA CAPITAL FEDERAL
Decreto 764/2017
28/9/2017
Manuel Alberto PIZARRO
Poder Judicial
VOCAL DE LA CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE MENDOZA
Decreto 763/2017
28/9/2017
Alejandro Patricio MARANIELLO
Poder Judicial
 JUEZ DEL JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL N° 5 DE LA CAPITAL FEDERAL
Decreto 761/2017
28/9/2017
 Juan Ignacio PEREZ CURCI
Poder Judicial
VOCAL DE LA CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE MENDOZA
Decreto 762/2017
28/9/2017
María Elvira ROSON
Poder Judicial
JUEZA DEL JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO N° 46 DE LA CAPITAL FEDERAL
Decreto 768/2017
28/9/2017
Fernando Ignacio FISZER
Ministerio Público Fiscal
FISCAL GENERAL ANTE LOS TRIBUNALES ORALES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE LA CAPITAL FEDERAL, FISCALIA N° 3
Decreto 770/2017
28/9/2017
Juan Manuel FERNANDEZ BUZZI
Ministerio Público Fiscal
FISCAL GENERAL ANTE LOS TRIBUNALES ORALES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE LA CAPITAL FEDERAL, FISCALIA N° 5
Decreto 769/2017
28/9/2017
Gabriel GONZALEZ DA SILVA
Ministerio Público Fiscal
FISCAL GENERAL ADJUNTO DE LA PROCURACION GENERAL DE LA NACION
Decreto 771/2017
28/9/2017
Enrique María COMELLAS
Ministerio Público de la Defensa
DEFENSOR PUBLICO OFICIAL ANTE LA CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL, DEFENSORIA N° 1
Decreto 772/2017
28/9/2017
Nicolás AMELOTTI
Ministerio Público Fiscal
FISCAL GENERAL ANTE LOS TRIBUNALES ORALES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE LA CAPITAL FEDERAL, FISCALIA N° 11
Decreto 766/2017
28/9/2017
Sandro Fabio ABRALDES
Ministerio Público Fiscal
FISCAL GENERAL ANTE LOS TRIBUNALES ORALES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE LA CAPITAL FEDERAL, FISCALIA N° 29
Decreto 767/2017
28/9/201
Martín Sebastián PELUSO
Poder Judicial
JUEZ DEL JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL N° 9 DE LA CAPITAL FEDERAL
Decreto 812/2017
9/10/2017
Mariano ITURRALDE
Poder Judicial
JUEZ DEL JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL N° 16 DE LA CAPITAL FEDERAL
Decreto 815/2017
10/10/2017
Julio Leonardo BAVIO
Poder Judicial
JUEZ DEL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA N° 1 DE SALTA
Decreto 813/2017
10/10/2017
Aníbal PINEDA
Poder Judicial
VOCAL DE LA CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE ROSARIO
Decreto 816/2017
10/10/2017
Juan Manuel IGLESIAS
Poder Judicial
Trasládase del TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY, PROVINCIA DE ENTRE RÍOS al TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE RESISTENCIA, PROVINCIA DEL CHACO
Decreto 875/2017
30/10/2017
Federico BOTHAMLEY
Poder Judicial
JUEZ DE CÁMARA DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE SANTIAGO DEL ESTERO
Decreto 907/2017
7/11/2017
Elizabeth Alejandra PAISÁN
Poder Judicial
JUEZA DEL JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL N° 12 DE LA CAPITAL FEDERAL
Decreto 917/2017
8/11/2017
Rosalía ROMERO
Poder Judicial
JUEZA DEL JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO N° 45 DE LA CAPITAL FEDERAL
Decreto 913/2017
8/11/2017
María Alejandra PROVÍTOLA
Poder Judicial
JUEZA DEL JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL N° 6 DE LA CAPITAL FEDERAL
Decreto 906/2017
7/11/2017
Beatriz Estela ARANGUREN
Poder Judicial
VOCAL DE LA CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE PARANÁ
Decreto 912/2017
7/11/2017
Cecilia Margarita MURRAY
Poder Judicial
JUEZA DEL JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO N° 79 DE LA CAPITAL FEDERAL
Decreto 909/2017
7/11/2017
María Luz FELIPE
Ministerio Público de la Defensa
DEFENSORA PÚBLICA OFICIAL ANTE EL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA DE VILLA MARÍA
Decreto 910/2017
7/11/2017
Pablo REPETTO
Ministerio Público de la Defensa
DEFENSOR PÚBLICO OFICIAL ANTE LOS JUZGADOS FEDERALES DE PRIMERA INSTANCIA DE NEUQUÉN
Decreto 905/2017
7/11/2017
Abelardo Jorge BASBÚS
Poder Judicial
JUEZ DE CÁMARA DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE SANTIAGO DEL ESTERO
Decreto 924/2017
9/11/2017
Alfredo GODOY
Poder Judicial
JUEZ DEL JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL N° 24 DE LA CAPITAL FEDERAL
Decreto 920/2017
9/11/2017
Martín YADAROLA
Poder Judicial
JUEZ DEL JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL N° 4 DE LA CAPITAL FEDERAL
Decreto 921/2017
9/11/2017
Fernando Adrián SÁNCHEZ
Ministerio Público de la Defensa
DEFENSOR PÚBLICO OFICIAL ANTE LOS JUZGADOS FEDERALES DE PRIMERA INSTANCIA DE SANTA FE
Decreto 919/2017
9/11/2017
Juan Carlos NACUL
Poder Judicial
JUEZ DEL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA DE VILLA MERCEDES
Decreto 938/2017
15/11/2017
Miguel Ángel CONTRERAS
Poder Judicial
JUEZ DEL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA N° 1 DE CATAMARCA
Decreto 937/2017
15/11/2017


Datos actualizados al 20 de noviembre de 2017
José Ignacio López